La política agrícola y pesquera

1. ¿Qué es la Política Agraria Común?

¿Qué es una política pública?

Una política pública es un conjunto de medidas o acciones que el Estado diseña y ejecuta a través de distintos proyectos o actividades con el objetivo de satisfacer las necesidades de una sociedad. En el ámbito de la Unión Europea (UE) y en países descentralizados como el nuestro, la función de diseño y gestión de políticas públicas se realiza a través de los diferentes niveles de gobierno: central, autonómico y local. Además de estos tres niveles de gobierno, otros actores importantes también suelen participar en diferentes fases de este proceso de gestión, como por ejemplo las organizaciones no gubernamentales, entidades culturales, asociaciones de la sociedad civil, empresas o fundaciones, entre otros.

¿Qué es una Política Común?

En la Unión Europea muchas de las políticas públicas abordan cuestiones internas, es decir, con efectos en el ámbito interno de los 27 países que forman la UE. Estas políticas están relacionadas con muchos aspectos de nuestra vida cotidiana y representan líneas de actuación consensuadas a nivel de la UE para contribuir a lograr los objetivos generales de la Unión. Se denominan “políticas comunes” porque todos los Estados miembro participan en su diseño y aprobación y, en consecuencia, se aplican en todos los países de la UE. Aunque se utilice la denominación singular de política común, en realidad se trata de un conjunto de medidas o acciones específicas que afectan a todo tipo de cuestiones dentro de sectores económicos muy importantes, como por ejemplo la agricultura, la pesca, el medio ambiente o el empleo.

¿Qué es la Política Agraria Común?

La Política Agraria Común (PAC) es una de las principales políticas comunes de la UE. Los principales objetivos de la PAC son mejorar la productividad agrícola y garantizar a los agricultores de la UE un nivel de vida razonable. Mejorar la productividad del sector agrícola significa conseguir optimizar los procesos de producción de alimentos, es decir, perfeccionar las técnicas y los métodos utilizados para conseguir producir una mayor cantidad de alimentos y a la vez intentar mejorar el uso recursos (terrenos, maquinaria, personal, etc.). Mejorar la productividad del sector agrícola sirve para garantizar que los ciudadanos europeos dispongan de un suministro estable y variado de alimentos a precios asequibles. Al mismo tiempo, estas mejoras productivas tienen que realizarse respetando el medio ambiente y garantizando su sostenibilidad. Desde los inicios del proyecto de integración europea se ha considerado la PAC como un mecanismo fundamental para proteger el medioambiente y la biodiversidad en los países de la UE, promoviendo una adecuada gestión del entorno y facilitando herramientas para la protección de los ecosistemas.

A pesar de la importancia de la agricultura y la producción de alimentos, hoy en día los ingresos de las personas que trabajan en el sector agrícola son aproximadamente un 40% menores que los de otros sectores económicos. Otro aspecto importante es el hecho de que el sector necesita tiempo para poder ajustar la producción a las necesidades de los consumidores, dado que se puede tardar semanas o meses en aumentar la producción si los ciudadanos europeos necesitan una mayor cantidad de productos en el mercado. Además, la agricultura depende en mayor medida que otros sectores del tiempo y las condiciones climáticas, cuestiones que escapan a nuestro control y ante los que es necesario desarrollar mecanismos de protección. Por estas razones, teniendo en cuenta que estos problemas se gestionan de forma más adecuada de forma conjunta entre los países de la UE, el segundo gran objetivo de la PAC es garantizar a los productores de la UE las condiciones adecuadas de trabajo y participación en la actividad económica de manera que les permitan disfrutar de un nivel de vida razonable.

2. Historia de la Política Agraria Común

La agricultura siempre ha sido un sector económico muy importante en el proyecto europeo, especialmente debido a la gran relevancia que este sector tenía a nivel nacional en los países europeos cuando se inició el proceso de integración europea. Por ese motivo, cuando se firmó el Tratado de Roma en 1957, con el que se constituyó la Comunidad Económica Europea (CEE), los seis países que entonces formaban parte del proyecto de integración europea decidieron crear una política común para abordar diferentes problemas del sector agrícola y poder cumplir así una serie de objetivos compartidos. Así pues, en 1962 se puso en marcha la Política Agraria Común con el objetivo de aumentar la productividad del sector agrícola, potenciar la libre circulación de productos agrícolas entre los países miembro de la CEE y establecer una serie de políticas proteccionistas para defender a los productores europeos de la competencia de productos del resto del mundo.

Esta política se creó después de un periodo de escasez de alimentos que experimentó Europa después de la Segunda Guerra Mundial y, en consecuencia, los objetivos principales de la PAC en sus inicios se centraron en aumentar la producción de alimentos, garantizar el abastecimiento de los ciudadanos a precios asequibles y en proteger a los agricultores europeos para asegurar un nivel de vida justo entre las personas que trabajaban en el sector. Gracias a la creación de la PAC se pasó de una situación deficitaria (escasez de alimentos) a una situación excedentaria (en Europa se llegaron a producir más alimentos de los que se podían consumir). Durante este periodo la forma de cubrir los costes crecientes de la PAC fue mediante aportaciones cada vez mayores de los países de la CEE al presupuesto común.

A partir de los años 80, el gasto agrícola aumento considerablemente, en parte como consecuencia del éxito de la PAC durante las dos décadas anteriores. El gran aumento de la producción agrícola provocó que el gasto creciera de manera muy importante debido a las ayudas públicas destinadas al almacenamiento (al producir más alimentos que los que se consumían fue necesario desarrollar infraestructura para su almacenamiento y conservación) y ayudas a la exportación (una forma de dar salida en el mercado a los productos europeos era exportarlos a terceros países, pero como los productos europeos eran relativamente más caros, se subvencionaban para poder reducir su precios de mercado y, en consecuencia, permitir alcanzar niveles competitivos en el mercado mundial de alimentos). 

Estos dos problemas (el exceso de producción y el consiguiente gasto), motivaron la primera gran reforma de la PAC, que tuvo lugar en 1992. Esta reforma implicó diferentes cambios en la PAC, entre los que cabría destacar la transición de unas ayudas económicas dependientes de la producción (antes de la reforma de 1992, quién más producía, más ayudas económicas recibía) a unas ayudas a la renta de los agricultores (pagos directos por hectáreas o por cabezas de ganado) y el establecimiento de una serie de directrices para mejorar las estructuras de las empresas y cooperativas del sector agrícola.

Durante los años 90 se produjeron una serie de crisis alimentarias que motivaron la segunda reforma de la PAC en 1999 bajo la denominación “Agenda 2000”. El objetivo de esta reforma fue tratar de resolver algunos problemas de la PAC anterior y preparar la política común para la gran ampliación de la UE que se iba a producir en 2004. En este sentido, la reforma del año 1999 introdujo modificaciones en el mecanismo de ayudas directas a la renta de los agricultores, promovió mejoras en la competitividad del sector agrícola y estableció el gran objetivo de promover el desarrollo rural (también denominado segundo “pilar”, debido a su importancia).

La tercera reforma de la PAC tuvo lugar en 2003. Esta reforma aspiraba a liberalizar el mercado agrícola europeo (reducir las ayudas para adaptar la producción europea a los incentivos de los mercados mundiales) y su principal modificación consistió en el establecimiento del denominado Pago Único a los agricultores. Este sistema establecía unos “derechos de ayuda” a los agricultores, calculados en función de las ayudas económicas recibidas en un periodo de referencia anterior, independientes de su producción futura de alimentos.

En el año 2008 la UE llevó a cabo la cuarta modificación de la PAC bajo el nombre de “Chequeo médico”. Las principales novedades esta reforma consistieron en la abolición de los pagos por barbecho o “retirada de tierras” (pagos que se efectuaban para que los agricultores dejaran tierras sin cultivar, con el objetivo de reducir la producción y permitir la regeneración de la calidad de los suelos), y la reducción de las ayudas directas a los agricultores para aumentar la financiación del Fondo de Desarrollo Rural, un fondo de recursos económicos destinado a promover actividades en el entorno rural, más allá de las actividades agrícolas. Esta reforma además eliminó las cuotas a la producción de leche (acabó con la limitación de la cantidad de leche producida en la UE) en 2015.

La quinta reforma de la PAC tuvo lugar en el año 2013 de cara a preparar al sector agrícola europeo para el marco del marco financiero multianual 2014-2020 (el marco de gastos y acciones previstas en la UE para el periodo 2014-2020), potenciar los elementos de sostenibilidad y protección del medio ambiente relacionados con las actuaciones de la PAC, y fomentar la creación de empleo en el sector, especialmente entre los jóvenes.

¿Cómo afecta la Política Agraria Común a la agricultura en la Unión Europea?

La PAC actual se basa en dos pilares fundamentales. El primer pilar incluye los pagos directos a los productores y la intervención en el mercado. El mecanismo de pagos directos garantiza la estabilidad de ingresos de los productores europeos. En este sentido, la PAC también constituye una “recompensa” para los agricultores que implementen mecanismos de producción sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, algo que no siempre se valora adecuadamente en el mercado. En cuanto a la intervención en el mercado, la PAC prevé posibles actuaciones en casos de caída brusca de la producción, situaciones de exceso de oferta o contextos de emergencia sanitaria que requieran de algún tipo de actuación rápida y excepcional.

El segundo pilar se centra en promover y fortalecer el desarrollo rural. Para ello los países de la UE desarrollan planes nacionales y regionales (autonómicos, en el caso español) destinados a promover la actividad económica en el medio rural, promoviendo la creación de empleo y favoreciendo el dinamismo de los pueblos y zonas rurales de España. Actualmente aproximadamente un tercio de los fondos se destinan a proyectos de gestión del entorno rural vinculados con proyectos para la mitigación del cambio climático.

La aplicación específica en cada uno de los países de la UE de las medidas incluidas en la PAC es responsabilidad de los respectivos Ministerios de Agricultura, dado que se entiende que los ministerios nacionales conocen mejor las necesidades y los problemas de cada país.

3. Política Pesquera Común

¿Qué es una política pública?

Una política pública es un conjunto de medidas o acciones que el Estado diseña y ejecuta a través de distintos proyectos o actividades con el objetivo de satisfacer las necesidades de una sociedad. En el ámbito de la Unión Europea (UE) y en países descentralizados como el nuestro, la función de diseño y gestión de políticas públicas se realiza a través de los diferentes niveles de gobierno: central, autonómico y local. Además de estos tres niveles de gobierno, otros actores importantes también suelen participar en diferentes fases de este proceso de gestión, como por ejemplo las organizaciones no gubernamentales, entidades culturales, asociaciones de la sociedad civil, empresas o fundaciones, entre otros.

¿Qué es una Política Común?

En la Unión Europea muchas de las políticas públicas abordan cuestiones internas, es decir, con efectos en el ámbito interno de los 27 países que forman la UE. Estas políticas están relacionadas con muchos aspectos de nuestra vida cotidiana y representan líneas de actuación consensuadas a nivel de la UE para contribuir a lograr los objetivos generales de la Unión. Se denominan “políticas comunes” porque todos los Estados miembro participan en su diseño y aprobación y, en consecuencia, se aplican en todos los países de la UE. Aunque se utilice la denominación singular de política común, en realidad se trata de un conjunto de medidas o acciones específicas que afectan a todo tipo de cuestiones dentro de sectores económicos muy importantes, como por ejemplo la agricultura, la pesca, el medio ambiente o el empleo.

¿Qué es la Política Pesquera Común?

La Política Pesquera Común (PPC) se introdujo por primera vez en la década de 1970 y sufrió sucesivas actualizaciones, la más reciente de las cuales entró en vigor en 2014. Es el principal mecanismo de la UE para promover una pesca y acuicultura sostenibles desde un punto de vista económico, social y medioambiental. En este sentido, la PPC persigue cuatro grandes objetivos: proporcionar una fuente de alimentos saludables a los ciudadanos de la UE, recuperar la sostenibilidad de las poblaciones de peces, acabar con las prácticas pesqueras excesivas y dañinas para el medio ambiente, y promover el empleo y las oportunidades económicas en las zonas pesqueras. 

¿Cuáles son los efectos de la Política Pesquera Común?

La PPC es una política diseñada e implementada a nivel europeo para gestionar adecuadamente un recurso común: los recursos pesqueros. Por ese motivo otorga a todas las flotas pesqueras europeas el mismo acceso a las aguas y los caladeros de la UE y permite a los pescadores competir de forma justa. Para alcanzar estos objetivos la PPC se desarrolla a través de cuatro áreas principales de actuación:

1. La gestión de los caladeros
2. La gestión de las flotas pesqueras de los países de la UE
3. La política internacional
4. La política comercial y de mercado

En relación con la gestión de los caladeros, es importante destacar que, si no se controla la pesca, las poblaciones pueden colapsar o la pesca puede dejar de ser económicamente viable. En este sentido, para salvaguardar la reproducción de las poblaciones para obtener un alto rendimiento a largo plazo, la PPC sienta las bases de una industria rentable, que permita     repartir equitativamente las posibilidades de pesca y, al mismo tiempo, sirva para conservar los recursos marinos. En este contexto, el principal objetivo de la PPC es garantizar el denominado “rendimiento máximo sostenible” (es decir, un alto rendimiento pesquero a largo plazo).

En relación con la gestión de las flotas pesqueras, la PPC se centra tanto en el control de entrada (acceso a las zonas de pesca) como en el control de salida (vigilancia del resultado de la pesca). Los controles de entrada se centran en gestionar las normas de acceso a las aguas para controlar qué buques tienen acceso a qué aguas y zonas, mientras que los controles de salida, también conocidos como controles “de esfuerzo pesquero”, se centran en supervisar la capacidad de pesca de los buques y en limitar la cantidad de pescado de una pesquería concreta. Además, a través de la PPC también se controlan las técnicas de pesca y captura, con el objetivo de regular el uso de las artes de pesca y determinar dónde y cuándo pueden faenar los pescadores. 

En el contexto internacional, la UE desempeña un importante papel como gran potencia pesquera y mayor mercado único de productos pesqueros del mundo. Aproximadamente el 20% de las capturas de los buques de la UE provienen de aguas situadas fuera de la Unión. Aproximadamente el 12% proviene de aguas internacionales, principalmente debido a la pesca de atunes tropicales, y el 8% se captura en las zonas económicas exclusivas (ZEE) de los países socios.

Por este motivo, la UE promueve el desarrollo y la aplicación de la política de gestión responsable de la pesca y, en general, la aplicación del Derecho del Mar. Para ello, la UE forma parte de diferentes organizaciones internacionales como por ejemplo Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La gestión y organización del mercado de productos de la pesca y la acuicultura en la UE se organiza a través de los siguientes cinco ejes:

¿Cómo se financia la Política Pesquera Común?

Durante el periodo 2014-2020, el instrumento a través del que se financia la aplicación de la PPC es el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero. El importe total de este fondo asciende a los 6.400 millones de euros, de los que 5.682 millones están destinados a la Política Pesquera Común. En este contexto, hay que destacar que España es el principal país receptor de fondos, con una cantidad asignada de 1.161 millones de euros. Esta cantidad representa el 20% del total, lo que refleja peso real del sector pesquero español dentro de la UE.

El Fondo Europeo Marítimo (FEM) y de la Pesca seguirá apoyando la adopción de prácticas pesqueras más sostenibles en el sector pesquero europeo. Para ello sus actuaciones se centran en el apoyo a los pescadores a pequeña escala. También ayudará desarrollar el potencial de crecimiento de una “economía azul” sostenible para contribuir a lograr un futuro más próspero para las comunidades costeras. 

Además, la Comisión está reforzando el impacto medioambiental del FEM, principalmente a través de la protección de los ecosistemas marinos. Para ello está previsto destinar aproximadamente el 30 % de su presupuesto a proyectos para la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, en línea con los compromisos adoptados en el marco del Acuerdo de París.

¿Cuál es la relación de la Política Pesquera Común y la conservación del medio ambiente?

Desde un punto de vista científico, desconocemos el impacto real que tiene la pesca en el frágil medio ambiente marino. Por este motivo, la PPC es prudente, en el sentido de que aspira a reducir el impacto negativo que la actividad humana pueda generar en todos los elementos del ecosistema marino. Las poblaciones de peces pueden ser renovables, pero no son infinitas. Sin embargo, actualmente algunas poblaciones de peces están siendo sobreexplotadas, creando graves problemas para su reproducción y sostenibilidad en el futuro. En este contexto, aunque es importante maximizar las capturas de pescado para garantizar el suministro de alimentos a los ciudadanos europeos, la actividad pesquera debe basarse en una serie de límites que garanticen su sostenibilidad. Por ese motivo, debemos asegurarnos de que las prácticas pesqueras no perjudiquen la capacidad de reproducción de las poblaciones de peces en las zonas donde actúen los pescadores de la UE.

Para cumplir estas metas, los países de la UE han tomado una serie de medidas con el objetivo de garantizar que la industria pesquera europea sea sostenible y no suponga un peligro el tamaño y la productividad de las poblaciones de peces a largo plazo. La política actual estipula que entre 2015 y 2020 deben fijarse límites de capturas que sean sostenibles y mantengan las poblaciones de peces a largo plazo. Para ello la PPC pretende reducir al mínimo las capturas no deseadas y las prácticas de despilfarro, o evitarlas por completo, mediante la introducción gradual de la obligación de desembarque, es decir, la imposibilidad de capturar pescado que posteriormente vaya a ser descartado y devuelto directamente al mar. 

Por último, una de las mayores amenazas para la explotación sostenible de los recursos pesqueros es la pesca no declarada y no reglamentada. Este tipo de comportamientos socavan los cimientos de la política pesquera común y atentan contra los esfuerzos internacionales para lograr su erradicación. En este contexto, es necesario además destacar la importancia del sistema europeo creado para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal.